El semanario The Economist publica, en su edición impresa y digital, una información sobre el «ingreso mínimo vital» recién aprobado por el Gobierno del Reino de España, en la que hace una «fotografía» de la situación económica de la economía española y del incremento del número de personas bajo el umbral de la pobreza. En dicho artículo se recogen una declaraciones del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá al que denominan «arquitecto» del nuevo sistema de protección social.

Quede bien claro, y antes de nada, que somos partidarios radicales de todas las medidas que se tomen para evitar que en una sociedad haya gente que, por las más diversas razones, caigan en la miseria y en la exclusión social. Una sociedad justa, y digna, debe dedicar los recursos necesarios para garantizar que sus ciudadanos tengan educación, sanidad, seguridad y la protección social necesaria para evitar esa exclusión social. Lo mismo que debe garantizar que cada «euro» que se dedique a esto último sea rentable y garantice que ayude a que las personas que los reciben vuelvan a ser autónomas y libres. Porque la pobreza, o la dependencia continuada de ayudas y subvenciones, pueden ser diferentes formas de perder la libertad como individuos.

Disfrutar de derechos sociales, políticos y poder ser autosuficiente con un trabajo digno, es la mejor garantía de que vivimos en una democracia. Lo mismo que lo es saber que si tropezamos, no nos van a dejar atrás. Por eso felicitamos al ministro Escrivá por haber conseguido liderar esta decisión de tan profundo calado para los españoles.

Una vez dicho esto, no podemos menos que transmitir nuestra sorpresa por las declaraciones del ministro. En concreto las que se recogen en el siguiente párrafo:

Until now social assistance has been the purview of the regions, and varies greatly. The rich Basque country is generous; poor Andalucía is not. “Something that was designed to reduce inequality had the opposite effect,” says Mr Escrivá. The regions will now be free to redirect their spending. The new scheme has innovative features. To identify those eligible the government is enlisting the help of ngos as well as town halls. To provide incentives, the payment will be tapered if earned income increases.
(Hasta ahora, la asistencia social ha sido competencia de las regiones, y varía mucho. El rico país vasco es generoso; pobre Andalucía no lo es. “Algo que fue diseñado para reducir la desigualdad tuvo el efecto contrario”, dice el Sr. Escrivá. Las regiones ahora serán libres de redirigir sus gastos. El nuevo esquema tiene características innovadoras. Para identificar a los elegibles, el gobierno solicita la ayuda de las ONG y los ayuntamientos. Para proporcionar incentivos, el pago se reducirá si aumenta el ingreso del trabajo.)

Entendemos que todo lo que no está entecomillado no puede ser atribuido de forma literal al Sr. Escrivá. Como el uso del término «regiones» para referirse a las Comunidades Autónomas (CA). Olvidando que la propia Constitución española en su artículo 2º  «reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran». En lo que nos afecta, ni la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV), ni la Comunidad Foral de Navarra (CFN), pueden (ni deben) ser calificadas como regiones.

Pero eso es el «aperitivo». El núcleo del asunto está en su afirmación de que «algo que fue diseñado para reducir la desigualdad tuvo el efecto contrario», refiriéndose a que la asistencia social se pusiera en manos de CCAA.

No. Sr. ministro. No. La desigualdad no la ha provocado que esta competencia esté en manos de las CCAA. Esta desigualdad la ha ocasionado la infra-financiación por parte del Gobierno de España de las CCAA de Régimen Común (todas menos CAPV y CFN). Además de la falta de interés de algunas de ellas en dedicar recursos a esta partida.

La diferencia en la atención social no es un asunto de «ricos y pobres».

La clave de estas diferencias es otra muy distinta: que el Reino de España tiene en su interior Territorios Históricos (o Territorios Forales).

Esos a los que está destinada la Disposición Adicional 1ª:

«La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales.
La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía».

Y a los que va dirigida el punto 2º de su Disposición Derogatoria:

«En tanto en cuanto pudiera conservar alguna vigencia, se considera definitivamente derogada la Ley de 25 de octubre de 1839 en lo que pudiera afectar a las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.
En los mismos términos se considera definitivamente derogada la Ley de 21 de julio de 1876».

Esos Territorios Forales tienen haciendas propias. Porque, no nos olvidemos, en el Reino de España hay 5 Haciendas. Las de los Territorios Forales (Alava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra) y la del Territorio de Régimen Común, responsable de recaudar los impuestos en el resto del Estado.

Eso permite que la CFN y la CAPV puedan definir sus propias políticas de gasto público sin tener que depender de las transferencias de la Hacienda estatal. Además, claro está, de hacer frente a sus obligaciones de aportación al Estado por los gastos comunes, o por las competencias no transferidas. (Hay una explicación más amplia en este artículo).

Lo que ha ocurrido es que las Políticas Sociales de la CAPV y CFN han dejado en evidencia la ausencia de las mismas en otros lugares o, en su caso, la imposibilidad de otras CCAA de poder cubrir esas necesidades debido a la infra-financiación a la que el Gobierno de España las ha condenado durante décadas. En lo que, a nosotros nos parece, una clara maniobra de control político y de estrangulamiento económico. Algo que nunca han podido hacer con los vascos, porque sus recursos no dependen de los que reciben de las arcas de la Hacienda del Reino de España.

No es admisible que un Estado con una renta per cápita de 26.440 € euros, no haya sido capaz hasta ahora, o no haya tenido la voluntad, de enfrentarse de una forma efectiva a ese problema. La «pobreza» de las CCAA que no han podido atender esas necesidades, selo es consecuencia de una falta de recursos, generada de la falta de voluntad de los legisladores y del Gobierno de España de articular una solución y de dotar a ésta de los recursos necesarios. Las prioridades de los gobiernos, se plasman en sus presupuestos y en el caso de las relaciones del Gobierno de España con las CCAA de Régimen común, en los acuerdos del sistema de financiación de las mismas. Es ahí donde están la razones que explican la existencia, o no, de una política adecuada de protección social.

¿Se podía hacer hecho desde hace tiempo? Sí. Como lo demuestra que donde los legisladores que tenían capacidad de decisión sobre las políticas de ingreso y gasto lo quisieron hacer, lo hicieron. Y lo demuestra, sobre todo, que cuando un Gobierno del Reino de España lo ha querido hacer, se ha hecho. Que no haya existido hasta ahora para los ciudadanos del Territorio de Régimen común, ha sido por falta de voluntad, no de recursos.

Nos debemos alegrar de que, por fin, se haya tomado esta decisión, que nos parece histórica. Pero no se puede insinuar de que la decisión se ha tomado par subsanar la incompetencia o la incapacidad de las CCAA de Régimen Común. La causa principal ha estado en la falta de voluntad del Gobierno de España de dedicar a este asunto los recursos necesarios.

Eso sí, hay que reconocer que el que Gobierno de España copie a los vascos su estructura de cobertura social, es una gran noticia  porque va a beneficiar a sus ciudadanos.

The Economist – 6/6/2020 – Gran Bretaña

Spain’s embattled government proposes a new anti-poverty scheme

In working-class southern Madrid there are queues for food at community centres and parish soup kitchens. Caritas, a Catholic charity, reports a surge in demand for its help. Covid-19 has exposed holes in Spain’s welfare state, just as the slump after 2008 did. This time, though, the government is trying to plug the gaps. Some of the aid is temporary: almost 4m furloughed workers have been getting 70% of their wages paid by the state, which has also made emergency payments to 1.2m self-employed people.

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